La Guardia Civil investiga a funcionarios por destruir un domingo papeles de los ERE

Los agentes indagan en la elaboración de documentos ex profeso tras pedir la juez Alaya los expedientes LAEDICION.NET.-: DANIELLA MONTENEGRO. @LaEdicin.-La Guardia Civil investiga desde hace meses la supuesta destrucción de documentos que evidenciarían el fraude de los ERE falsos en la Junta de Andalucía y la creación de nuevos papeles para justificar determinadas actuaciones, según ha podido saber ABC. Los investigadores tienen constancia de que varios altos cargos del Gobierno andaluz, vinculados a la Consejería de Trabajo, ordenaron a «funcionarios de confianza» que trituraran pruebas. No fue un día cualquiera, sino que esa maniobra se habría realizado un fin de semana de principios del año pasado, en concreto un domingo, para evitar que todo el personal habitual estuviera en sus despachos y en dependencias oficiales de la Junta. El día «D», el marcado para llevar a cabo esa maniobra de obstrucción a la Justicia, tuvo lugar poco después de que la juez instructora, Mercedes Alaya, solicitara documentación al Gobierno, en enero de 2011. Ante esa «contrariedad» algunos de los supuestos implicados habrían decidido eliminar pruebas. Testimonios incipientes Los investigadores han recabado información en los últimos meses sobre lo ocurrido ese día y han aportado a la juez los indicios de que se produjo la maniobra: petición de ayudas que no fueron cursadas en tiempo, documentación creada para sustentar determinadas actuaciones y un largo etcétera. La Junta entregó un dossier completo de información, pero se «colaron» algunas irregularidades entre los papeles, que han sido detectadas. Existía la sospecha, avalada por algunos testimonios que aún no constan en la instrucción, pero no la confirmación porque los agentes preferían mantener en secreto esa parte de sus pesquisas, conscientes de la dificultad probatoria. El pasado jueves fue uno de los imputados, el propio ex director de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero quien les aportó más luz cuando le tomaron declaración en la Comandancia de Sevilla, tal y como avanzó ayer ABC. Guerrero declaró que tenía «conocimiento (por funcionarios que no quiere identificar) de que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla». Por supuesto, el ex alto cargó situó esta eliminación de pruebas después de su salida del Gobierno andaluz y negó tener cualquier relación con la «trituradora». Dado el grado de implicación que se le presupone a Guerrero, el testimonio en lo que se refiere a esa destrucción de pruebas hay que tomarlo con cautela, según las fuentes consultadas, porque podría ser una maniobra de defensa para autoexculparse. Como se informó, Guerrero situó en la trama a varios ex consejeros. Documento, mayo de 2009 La supuesta eliminación de documentos comprometedores se produjo no sólo porque la juez había pedido numerosa información, sino porque los responsables de velar por que las ayudas fueran limpias sabían, al menos desde mayo de 2009, lo que estaba ocurriendo. Así consta en un documento intervenido en uno de los registros, que también está en poder judicial, y que coloca en una difícil tesitura a algunos de los imputados y a otras personas sobre las que de momento solo existe el foco de la sospecha, pero no la certeza. Los responsables del caso, con la juez Alaya al frente, confían en que habrá más testimonios que corroboren la denuncia de Guerrero sobre la destrucción de pruebas y las informaciones propias que ya existían, dada la dificultad de lograr a estas alturas nuevos elementos probatorios. Griñán lo niega Tras las acusaciones de Guerrero, el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, negaba que la Administración hubiera destruido ningún documento e incluso amenazó a Guerrero afirmando que tendrá que aportar documentos sobre esa destrucción porque, de lo contrario «tendrá una nueva imputación». Otro que se pronunció por primera vez después de ser imputado fue el actual director de Trabajo, Daniel Rivera, quien anunció su inteción de recurrir el auto en el que la juez le imputa y mostró su agradecimiento al apoyo que le ha dado el Gobierno, tanto el presidente como el consejero de Empleo, Manuel Recio. El imputado se defendió asegurando que no tiene nada que ocultar y acusando al PP de intentar sacar rédito electoral. Según Rivera, desde que llegó en abril de 2011 se ha centrado en aclarar cualquier irregularidad administrativa e insistió en que desde que abrió la investigación se han detectado los intrusos, revisado el procedimiento de concesión de ayudas, mejorado la tramitación e iniciado el proceso de reintegro de cantidades cobradas indebidamente. Pero no se ha recobrado ni un euro.