Familias y cuidadores afirman que los recortes del PP ponen en riesgo la Ley de Dependencia

• Según la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. • Ha anunciado que pedirá al Parlamento que controle su aplicación. • La aplicación de la ley "ha sido un desastre en algunas comunidades". LAEDICION.NET.-:/ Redacción Twitter @LaEdicin.-La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia -formada por dependientes, familias, cuidadores y colectivos de profesionales- ha denunciado que los recortes sociales del PP "ponen en riesgo" los derechos reconocidos en la ley y ha anunciado que pedirá al Parlamento que controle su aplicación. Los colectivos sociales que integran esta plataforma han mantenido una reunión para acordar las actuaciones en defensa de la ley, ya que consideran que las últimas medidas acordadas por el Gobierno van a "empeorar la gestión" y se traducirán en el aumento de las listas de espera, formada por dependientes reconocidos que no reciben prestaciones, que ascienden a 300.000 personas. "Mientras se siga pensando que la ley es un gasto, siempre tendrán motivos para recortes", ha dicho el portavoz de la Coordinadora Estatal de Plataformas, Jaime Esteban, quien considera que se debe plantear como "una inversión" que ha generado 165.000 nuevos empleos y que mantiene 248.000 empleos vinculados a la dependencia. Además, las organizaciones consideran que afectará a la vida de las mujeres y al reconocimiento de su trabajo, que son el 90% de los cuidadores y de los trabajadores de la dependencia. "Esto va a acabar otra vez con muchas mujeres sin reconocerles el trabajo que están realizando y obligándoles a cuidar a sus familiares; van a intentar volver a la mujer a su casa, a hacer las labores que la derecha cree que le corresponden", ha opinado. Mientras se siga pensando que la ley es un gasto, siempre tendrán motivos para recortes El representante de las plataformas ha anunciado que van a mantener reuniones con los grupos parlamentarios para pedir la creación de una subcomisión de seguimiento de la aplicación de la ley, que pregunte "a todos los actores, para emitir un informe más allá de lo que decida el consejo interterritorial del Sistema de la Dependencia". "Queremos pedir transparencia a todas las administraciones del Estado, locales y autonómicas, en cómo se está aplicando la ley", ha asegurado. Las organizaciones consideran que la aplicación de la ley "ha sido un desastre en algunas comunidades" —como Canarias, Valencia, Baleares y Madrid— cuyo inferior desarrollo ha provocado discriminación territorial y reclaman que se iguale al nivel de las regiones que mejor estaban cumpliendo con los derechos de los dependientes —Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Andalucía—.