LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El informe de la
Clínica Forense de la Audiencia Nacional sobre el estado de salud del miembro
de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga concluye que el preso, condenado por el
secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, puede ser
tratado de su enfermedad sin salir de la cárcel, informaron fuentes jurídicas.
El estudio pericial médico, que tiene
seis folios, ha sido entregado esta mañana al juez central de Vigilancia
Penitenciaria, José Luis Castro, y al fiscal Pedro Rubira, que ha asumido la
causa en sustitución del fiscal-jefe, Javier Zaragoza.
El informe, que contradice el que
realizó el Hospital Donostia de San Sebastián, ha analizado a partir de las
investigaciones científicas sobre el cáncer utilizadas por la comunidad médica
la esperanza de vida aproximada que tendría el etarra y el tratamiento médico
más aconsejable a su situación.
CONTRADICE EL DE LA CÁRCEL
También es contrario al informe
elaborado por la cárcel de Zaballa (Álava) que concluye que el tratamiento que
necesita el preso no es posible en una cárcel “porque en las prisiones hay
enfermerías que son como centros de atención primaria”, según señaló el jueves
el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien añadió que “ese
tratamiento exige estar ingresado en un hospital”.
En la misma línea se manifestó el
secretario general de Instituciones Peniteciarias, Ángel Yuste, quien dijo el
miércoles en una entrevista que el preso está recibiendo en el hospital un
tratamiento que no se le puede dar en las enfermerías de la cárcel porque éstas
tienen la consideración de ambulatorio.
“IRREVERSIBLE”, SEGÚN EL HOSPITAL
Los forenses han trabajado sobre el
informe clínico enviado por el Hospital Donostia de San Sebastián, que estaba
firmado por una “comisión médica” del servicio vasco de salud Osakidetza. El
documento recogía que el preso se encuentra en una situación “irreversible” en
la que “más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y
la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por
ciento”, es decir, que tendría un 90 por ciento de probabilidades de fallecer
antes de un año.
“El pronóstico de este paciente es muy
grave. Si nos basamos en literatura científica con la misma probabilidad, el
proceso es irreversible e incurable. En esta situación clínica, más de la mitad
de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de
supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por ciento”, apunta este
documento.
A este informe se han unido el
historial clínico y la identidad de los médicos que firmaron el informe sobre
Bolinaga, que fueron enviados por la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias después de que la Fiscalía pusiera de relieve que no constaban
en el primer documento remitido a la Audiencia Nacional.
A LA ESPERA DE LA LIBERTAD
CONDICIONAL
El carcelero de Ortega Lara disfruta
desde el pasado viernes del tercer grado penitenciario, que le concedió la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por “razones humanitarias” y
“a pesar de la entidad de los delitos cometidos”, una vez estudiada la
propuesta a favor elaborada por unanimidad por la Junta de Tratamiento de la
cárcel.
“Esta Secretaría General entiende que,
a pesar de la entidad de los delitos cometidos por el penado, resulta indudable
que tanto la gravedad de la enfermedad, su previsible evolución, así como las
características del tratamiento mitigan extraordinariamente la peligrosidad del
recluso y anulan prácticamente el riesgo de reincidencia”, explicaba Prisiones.
En
todo caso, le imponía como condiciones el “alejamiento de las víctimas de sus
delitos o de los familiares directos de éstas”, la “prohibición de participar
de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o
legitimación de la violencia” y la imposibilidad de “ausentarse, sin previa
autorización de la Administración Penitenciaria, de la localidad en la que fije
su residencia”.
La decisión sobre la libertad
condicional de Uribetxerria Bolinaga depende ahora de la decisión que adopte el
juez Castro tras recibir el informe que elabore la Fiscalía de la Audiencia
Nacional.
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