La Fiscalía ve lesión a la intimidad de los objetores de EpC pero archiva el caso

El Ministerio Público elude denunciar a la Junta para no someter a los niños a un proceso "ante el tenso debate público"
La Fiscalía de Sevilla ha dado carpetazo a las diligencias abiertas por la publicación de nombres de menores objetores de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en el Boletín Oficial de la Junta da Andalucía (BOJA). El Ministerio Público ha archivado las diligencias incoadas por el caso, pero estima que hubo "una lesión del derecho a la intimidad de los menores afectados", según la fiscal jefe, María José Segarra.

El pasado 15 de septiembre la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación emitió una resolución que fue publicada en el BOJA el 1 de octubre en la que inadmintía o desestimaba 81 solicitudes de objeción de conciencia a la asignatura. Eran 81 actos administrativos en los que quedaron registrados tanto el nombre de la persona que hace la petición como el del alumno afectado por el expediente. En el documento se explica que se intentó la notificación a las personas interesadas en dos ocasiones pero no se consiguió.

La Fiscalía abrió una investigación hace aproximadamente un mes a solicitud del Partido Popular y de una procuradora que representa los intereses de los padres de cinco de los niños, que reclamaron la actuación de oficio en virtud de la Ley de Protección del Menor. La fiscal jefe explica que la decisión de publicar en el BOJA la identidad de los alumnos objetores, "produjo una lesión a su derecho a la intimidad" que sería susceptible de una acción legal según la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor.

Sin embargo, precisa que tras una "ponderación de los intereses en conflicto", no se denuncia a la Junta para evitar a los niños "la trascendencia del propio ejercicio de las acciones legales" y su previsible impacto por "el apasionado y tenso debate público, lo que daría lugar a "un impacto no solo local, sino nacional".

El abogado Carlos Seco, que defiende los intereses de varios padres objetores a EpC, declaró ayer que los derechos lesionados de los menores "no se reparan" con el archivo por lo que considera que se ha producido "una falta de protección jurídica".

La consejera de Educación, Teresa Jiménez, defendió en el Parlamento en octubre que su departamento cumplió "estrictamente" con la legalidad. No obstante, la Consejería dictó instrucciones el pasado 10 de noviembre para que se evite la identificación de "personas menores interesadas en los procedimientos", aceptando una recomendación del Defensor del Pueblo.