El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a eliminar de los archivos policiales las fichas de los detenidos y de los presos políticos y sociales de tiempos de la dictadura que todavía, a día de hoy, persisten en las bases de datos del Ministerio del Interior.
En la exposición de motivos, el diputado socialista Antonio Hernando recuerda que pasados más de 30 años de democracia hay ciudadanos a los que aún se les atribuyen injustamente antecedentes policiales no sólo por delitos "políticos" sino por su orientación sexual.
Según las asociaciones de ex presos sociales, los antecedentes de más de 4.000 homosexuales y transexuales encarcelados durante el franquismo aún constan en los archivos informáticos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Con la llegada de la democracia muchos de los ficheros de detenidos políticos o sociales pasaron directamente al Archivo del Gabinete de Identificación de la Dirección General de la Policía y de ahí que todavía queden restos de aquellas fichas a pesar de la labor de limpieza realizada en las últimas décadas gracias a las nuevas tecnologías.
Se trata de personas que fueron detenidas o encarceladas durante el franquismo "por motivos inaceptables en democracia y contrarios a lo que supone el respeto a los derechos humanos", como la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 o la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que perseguían con especial saña a homosexuales y transexuales.
"Tras treinta años de democracia en España y de vigencia de una Constitución que define y ampara los derechos de los ciudadanos, estamos en condiciones de exigir y procurar que tales derechos sean respetados en todos sus extremos, desde los relativos al ejercicio de las libertades hasta lo tocante a la intimidad y honor de las personas", destaca la proposición del PSOE.
Los socialistas afirman además que la existencia de estos ficheros es absolutamente "incompatible" no sólo con la Ley de Amnistía de 1977 sino con la reciente ley por la que se amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, más conocida como la Ley de la Memoria Histórica.
En cualquier caso, el PSOE deja claro que el "expurgo" de estas fichas de las bases de datos de la Policía deberá llevarse a cabo cumpliendo los requisitos legales establecidos en materia de conservación y consulta, por lo que se preservarán en los archivos históricos.
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