Medidas paliativas

Si se compara la magnitud del problema con las soluciones que se proponen, todo parece insuficiente • Habría que incentivar el ahorro, no el consumo, y reorientar la inversión del plan de vivienda a obra pública
CADA cierto tiempo, el Gobierno andaluz y el resto de nuestros representantes en sede parlamentaria se reúnen a trabajar para sacarnos de la crisis. En una tramoya orquestada en forma de comedia de enredo, en la que cada personaje escribe su propio papel y en la que se van desgranando las propuestas que según unos nos traerán la felicidad, pero que según el resto serán perjudiciales. La sensación para el espectador es que cada uno sigue su guión y que los malos augurios pueden terminar convirtiendo la comedia en tragedia.

El último procede de Analistas Económicos de Andalucía, que estima en torno a 900.000 el número de parados para final de año, aunque admitiendo que podría llegar al millón y que, en general, Andalucía lo va a pasar peor que el resto. Es, más o menos, lo que también señalaba el BBVA en su informe Situación-Andalucía, de enero de 2009, coincidiendo con el tono de las previsiones del Comisario Almunia para el conjunto de España y con la rebaja en la calificación crediticia de la deuda española a largo plazo por parte de Standard & Poor's. La firma señala que las debilidades estructurales de la economía española resultan "incompatibles con una calificación AAA".

En este escenario se ha desarrollado el debate sobre la crisis en el Parlamento andaluz, en el que el Gobierno andaluz ha anunciado ayudas para el sector aeronáutico y de automoción; que invertirá mil millones de euros en obras públicas; que las subvenciones llegarán a sus destinatarios en menos de tres meses; y que habrá más créditos para pymes. En definitiva, un conjunto de medidas oportunas y bienvenidas, pero de carácter paliativo, es decir, de esas que inciden sobre los síntomas del problema, pero que ignoran los problemas de fondo.

Lo que se desprende de los diagnóstico citados es que la economía andaluza que inicie la recuperación, que el presidente Chaves pronostica para el final de este año, será muy diferente de la que funcionaba a comienzos del anterior. No se trata sólo de costosos ajustes en el mercado de trabajo, en la demografía empresarial y en los precios, sino de profundas transformaciones cuyos anclajes convendría ir anticipando y en los que habría que ir trabajando.

Precisamente por ello, la propuesta más interesante ha sido el compromiso de modificar la legislación para que una empresa se pueda crear en 24 horas, aunque no es la primera vez que se anuncian medidas de este tipo, cuya aplicación se enfrenta, nada menos, que a la necesidad de reconocer que una parte de la administración autonómica es sencillamente prescindible. También suena a transformación de alcance la creación de una gran caja andaluza que aspire a codearse con las entidades de primera fila en el mercado nacional y todavía mejor la voluntad de dejar la gestión del proceso en manos de los órganos de gobierno de las entidades. Como es obvio, esto no garantiza la inmunidad a las presiones políticas, pero permite imaginar un escenario de negociación racional, al menos desde una perspectiva formal.

El problema es que cuando se compara la magnitud del problema con el alcance de las soluciones que se proponen, todo parece insuficiente. Por un lado, la escasez de medidas verdaderamente reformadoras. Las que deberían ayudar a la economía andaluza a afrontar los retos que ya están planteados, como el del reducido peso del sector privado o la necesidad de salir al exterior a competir. Por otro lado, las políticas que aceleren el proceso de normalización en el funcionamiento de los mercados más afectados por la recesión, como el del crédito o la vivienda. Lo que se anuncia suena, no sólo a insuficiente, sino que a veces también se perciben como contraproducente, como ocurre con el endeudamiento de los hogares, cuya corrección exigiría incentivos al ahorro, en lugar de al consumo.

Algo parecido podría decirse del plan andaluz de la vivienda, que amenaza con inundar de VPO un mercado ya saturado, donde los precios amenazan con seguir desplomándose durante algún tiempo y cuyos 12.000 millones bien podrían emplearse en otras formas de inversión pública que, además de crear empleo, contribuyan a la capitalización de otras actividades de futuro más prometedor.

Por último, el intrigante atractivo que para todos los grupos políticos tiene la firma de pactos de denominación grandilocuente, aunque normalmente vacíos de contenido. El gobierno anuncia que la próxima semana se reúne con los sindicatos para "firmar un compromiso para salir de la crisis"(¿?), como anticipo a una nueva edición de la insigne concertación social que, con la excepción de los firmantes, nadie sabe para qué sirve, pero que al menos permite mantener el enorme y costoso programa de formación ocupacional en toda la región.

También el PP se apunta a la moda y propone la firma de un pacto por el empleo. Nadie se ha molestado, que yo sepa, en explicar su contenido, salvo que deberían estar los ayuntamientos y que serían como los Pactos de la Moncloa, aunque estos fuesen concebidos como un acuerdo para moderar el crecimiento de las rentas con el fin de luchar contra la inflación, que no es precisamente nuestro principal problema en la actualidad.

En definitiva, política económica de baja intensidad, pero que al menos permite mantener a la función en cartelera.