almerienses en apuros piden a Hacienda prórroga para pagar impuestos

LAEDICION.NET-Los bolsillos no aguantan. El desembolso diario derivado de decenas de obligaciones, algunas contraídas por elección propia y otras por imposición, pone en apuros la economía de muchos ciudadanos. Sobre algunos se puede aplicar la vieja fórmula de 'dejarlo para otro mes' para capear el temporal. Pero en otros casos la cita es ineludible. Y así sucede con el fisco. El cara a cara con Hacienda para rendir cuentas pone en apuros a centenares de granadinos que tienen que pagar impuestos. Cada vez a más. La crisis, este año, ha sacado a relucir el incremento que ha experimentado la cifra de personas que no pueden afrontar de una sola vez el pago de sus obligaciones tributarias por una razón básica: la falta de liquidez. Algo que les obliga a pedir a la Agencia Tributaria un aplazamiento de la cantidad a abonar. Y en esta situación, sólo en el primer trimestre de este año, se han visto un total de 4.602 almerienses a los que les correspondía pagar 37,2 millones de euros. Son muchos. Pero lo que realmente ofrece una visión de la dimensión de los afectados por la falta de liquidez es la comparación con otros ejercicios.
Con respecto al mismo periodo de 2008, el incremento experimentado es del 67% en cuanto a las personas solicitantes; y de casi un 87% más en el montante económico, según los datos facilitados a IDEAL por la Agencia Tributaria. Estos datos incluyen la campaña llevada a cabo al inicio de año de la declaración del IVA y Sociedades, que afecta a grandes y pequeños empresarios, así como autónomos.
Según explica el delegado de la Agencia Tributaria en Almería, Jesús Pérez Aguilera, «la posibilidad de solicitar aplazamientos o fraccionamientos por parte de los contribuyentes está prevista en la Ley General Tributaria, y es una posibilidad que se ofrece a todos por igual, no sólo a empresarios y profesionales, aunque son normalmente éstos quienes más la utilizan».
Este primer síntoma claro de las estrecheces por las que pasa el contribuyente se repite en el conjunto del país. El director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, ha asegurado que el incremento de los aplazamientos detectados fue del 63%, cuatro puntos por debajo de lo registrado en Almería.
Jesús Pérez advierte de que la deuda con la hacienda pública se puede prorrogar dentro del plazo voluntario o ya en fase ejecutiva. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay que justificar con documentación las causas que motivan la solicitud de aplazamiento. Es más, si el importe a aplazar supera los 6.000 euros, se exigen garantías de pago. Es válido un compromiso de aval, como el de alguna entidad financiera. Los primeros síntomas detectados en los dos primeros meses del año, tal y como indica Pérez Aguilera, adquirirán su dimensión total durante la campaña del IRPF, que comienza ahora. Es de esperar que los aplazamientos solicitados, dada la situación de crisis actual, se disparen.
Y sobre esto, hay importantes novedades. Consciente de la situación, el Gobierno ha aprobado un decreto ley, por el que toma «medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica». Éstas afectan a dos factores importantes. El más publicitado se corresponde con el interés a modo de 'penalización' impuesto por la demora en el pago de los impuestos. Hasta el momento, era del 7%. A partir de ahora se reduce al 5%.
Facilidades novedosas
Por otro lado, como gran novedad, se aplica el mismo régimen de plazos para cualquier tipo de deuda. Es decir, que a diferencia de otros años, las personas que hagan su declaración del IRPF y le salga a pagar podrá solicitar una moratoria que va más allá de los dos plazos -uno en junio y otro en noviembre- que se aplicaba hasta ahora. Y ahí es donde se espera una avalancha de solicitudes.
El número de cuotas irá en función de cada caso. Pueden ser cuatro, seis, doce... Depende de la cuantía de la deuda y de la situación personal justificada de cada contribuyente. Según la Agencia, se estudia caso por caso, pero rara vez se suele conceder el máximo. Aproximadamente un 20% de las personas con obligación de presentar la declaración del IRPF debe pagar.