sábado, 18 de abril de 2009

En libertad con cargos la directora de una residencia de ancianos de Mallorca acusada de maltrato

LAEDICION.NET.-(PALMA)El centro había recibido una veintena de denuncias por malos tratos, por lo que la policía acudió para investigar la situación.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la localidad de Inca (Mallorca) ha decretado libertad provisional con cargos para la directora y para la jefa de enfermeras de la residencia de ancianos Crist Rei de esta localidad. Ambas mujeres están acusadas, con diferentes grados de implicación, de presuntos delitos contra la integridad moral, falsedad en documento oficial y contra la salud pública. El caso se destapó después de que la policía acudiera al centro para investigar una veintena de denuncias de los familiares por malos tratos.

En el caso de la directora de la residencia geriátrica, Juana R.O., la magistrada, en funciones de guardia, no adoptó ninguna medida cautelar. No obstante, esta imputada tendrá la obligación de comparecer ante el Juzgado cuando así se lo requiera. Por su parte, la jefa de enfermería, Jaqueline P.Y., no podrá acercarse a la residencia y deberá comparecer mensualmente ante la autoridad judicial.

Las dos mujeres fueron detenidas por la Guardia Civil por la comisión de presuntos malos tratos. El caso salió a la luz después de que varios policías irrumpieran en el geriátrico para investigar la comisión de una veintena de posibles malos tratos contra sus usuarios. De hecho, el centro, que lleva en funcionamiento desde 2007, ya había acumulado varias quejas de los familiares por el trato dispensado.

Tras su arresto, ambas mujeres prestaron declaración por estos hechos ante los agentes del Instituto Armado de Inca. Y esta mañana pasaron a disposición judicial. Por la tarde, las imputadas, junto con sus abogados, salieron de las dependencias judiciales sin querer hacer declaraciones sobre su comparecencia ante la jueza. Finalmente, con semblante serio, abandonaron en coche los juzgados.

Por su parte, los servicios jurídicos del Govern estudian personarse como acusación popular en la causa. Así lo avanzó la consellera de Bienestar Social, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, quien manifestó estar "muy preocupada" por la situación de las personas afectadas. Éstas en su mayoría son enfermos de alzheimer o con problemas cognitivos.

Según afirmó Santiago, el Govern balear disponía de un total de 60 plazas en la residencia Crist Rei, de acuerdo a un convenio suscrito con la empresa privada Aser. Asimismo, explicó que en los últimos meses había recibido numerosas quejas por parte de los pacientes que eran asistidos en la misma. Éstos denunciaban un posible "abuso" en el uso de tranquilizantes -que eran obtenidos presuntamente de manera fraudulenta-, especialmente durante las noches, lo que supondría un abuso.

Este centro de ancianos fue inaugurado durante la pasada legislatura, según recordó la consellera, con polémica al carecer de los permisos administrativos y tomar la conexión eléctrica de la red de forma ilegal.

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