Canal Sur miente: la Fiscalía no es competente para desestimar el recurso contra un texto de EpC

Las plataformas objetoras andaluzas aclaran que el TSJA es quien ha de estimar o no la demanda y que el procedimiento aún se está tramitando
REDACCIÓN.-A.RICO.-Los informativos de Canal Sur difundieron el pasado martes día 25 una noticia, a la que se puede acceder en su web, con el siguiente titular: “Desestimada la demanda por un manual de Educación para la Ciudadanía”. En la entradilla del artículo se afirma que “la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado una demanda presentada por unos padres de la localidad onubense de Bollullos del Condado contra un manual de Educación para la Ciudadanía”.
Un texto que no se corresponde con el titular. Una cosa es que la Fiscalía –sujeta a la jerarquía- haya desestimado el recurso y otra cosa es que lo haya desestimado el tribunal, que es el órgano competente para resolver el recurso. Quizás el redactor de Canal Sur no asistió a los cursos básicos de derecho que se ofrecen en todas las facultades de periodismo. O quizás sí que asistió a los cursos de manipulación informativos que en forma de máster permanente se practican desde la televisión pública andaluza.
“Una vez presentadas las alegaciones que estimen oportunas todas las partes personadas en el procedimiento, tendrán lugar el proceso probatorio y la presentación de las conclusiones. Tras todo ello, el Tribunal emitirá sentencia”, explica José Ignacio Martínez, portavoz del Foro de Laicos Asidonia.
Martínez deja claro que la Fiscalía no es independiente en un tema en el que tanto el gobierno regional como el nacional han puesto toda la carne en el asador. Pero es que además, Martínez lamenta que la fiscalía se haya sometido a esa jerarquía politizada en lugar de velar por los derechos del menor y el respeto del derecho de los padres a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia.
“Se intenta confundir a los padres, desde ciertos medios afines al Gobierno, con datos que falsean la realidad. Los padres que objetan lo hacen persiguiendo el bien para sus hijos y como un medio de defensa de sus propios derechos, y eso es precisamente lo que debería hacer la Fiscalía”, concluye el representante de los objetores andaluces.