Arenas da carta blanca al PSOE para ayudar a las víctimas del terrorismo

El presidente popular anuncia que apoyará la propuesta socialista "diga lo que diga"
LAEDICION.NET.-REDACCION.-El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, anunció ayer que su partido apoyará, "diga lo que diga", la Ley de asistencia a las víctimas del terrorismo presentada por el PSOE andaluz en el Parlamento. "Lo importante no es quien la haga, sino que exista esa ley", afirmó Arenas.

El dirigente popular participó, junto a la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, en un acto del PP andaluz en el duodécimo aniversario del asesinato del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García Ortiz.

Arenas recordó que el PP ya presentó una propuesta en este sentido en 1994, que fue rechazada por el PSOE, y volvió a plantearla en 1996 por segunda vez y en junio pasado por tercera, con el mismo resultado. Arenas añadió que la proposición de ley registrada hace unos días por el PSOE es "una copia" de dichas propuestas populares.

Arenas solicitó que una sala del Parlamento andaluz lleve el nombre del concejal tiroteado por ETA en una calle de Sevilla el 30 de enero de 1998, pues Jiménez Becerril ha sido el único parlamentario andaluz asesinado por los terroristas.

Al acto asistieron un centenar de militantes del PP junto a dos de los tres hijos del matrimonio asesinado, la madre de Jiménez Becerril y su hermana Teresa, parlamentaria europea, que previamente acudieron al cementerio de San Fernando de Sevilla para un homenaje familiar. También acudieron José Alcaraz, ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y los padres de la niña de seis años fallecida en un atentado de ETA en Santa Pola (Alicante) en 2002, lo que sirvió a Arenas para expresar su admiración por la labor que desarrollan.

Un acto que antecedió al mitin que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ofrecerá hoy en la localidad sevillana de Bormujos, y en el que los populares esperan congregar a unas 2.000 personas. El evento se incluye en la campaña popular que reivindica el pago de la deuda histórica en efectivo, no en terrenos o activos como acordaron los gobiernos socialistas para saldar los 784 millones que restaban por este concepto.
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