LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El alcalde de Níjar (Almería), Antonio
Jesús Rodríguez (PP), ha calificado este miércoles de "atropello" el
decreto-ley de protección del litoral aprobado por la Junta de Andalucía, si
bien ha precisado que la afección al término municipal se ciñe al proyecto para
construir 150 viviendas y un hotel en el espacio protegido de La Fabriquilla,
que, en la actualidad, se encuentra judicializado al estar enclavado en los
límites del parque natural de Cabo de Gata.
Rodríguez ha indicado a Europa Press que la norma, que eleva la protección del dominio público marítimo-terrestre a 500 metros, "interfiere" en la competencia de los ayuntamientos para elaborar su planeamiento al tiempo que "ahuyenta" las "posibilidades de generación de empleo y riqueza" a través de inversores urbanísticos.
"Supone más restricciones a la actividad urbanística", ha remarcado el regidor para quien la Junta, "en su política en contra de todo", pretende con el decreto-ley "confrontar" con el Gobierno que preside Mariano Rajoy y con la nueva Ley de Costas. "Ha adoptado la línea más extrema en un época en la que creo que no se lo pide nadie y obedeciendo a presiones sin justificación", ha apuntillado.
Al hilo de esto, Rodríguez ha advertido que con la suspensión en el plazo de dos años de actuaciones en la franja litoral "se ponen más trabas" a los inversores "alejando cualquier posibilidad". "Si alguien se lo está pensando, se lo pensará mucho mas, lo que ahuyenta la generación de empleo y riqueza".
El alcalde nijareño ha abogado, no obstante, por "sentar las bases" para que, de cara al futuro, el desarrollo "urbanístico" se haga "de manera más ordenada" aunque ha matizado que, a su juicio, "esta no es la vía".
Con respecto a la incidencia del decreto-ley en el planeamiento de Níjar, ha precisado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está en proceso de adaptación a la LOUA aunque sólo afectaría a La Fabriquilla, suelo calificado como urbanizable en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 1997 y cuya ejecución está actualmente pendiente de sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que el Supremo reiterara el derecho a urbanizar de sus 15 propietarios.
"Entendemos que está más o menos claro de acuerdo a la última sentencia y que esta nueva normativa no lo va desvirtuar a la espera de que se pronuncie el TSJA", ha asegurado Rodríguez, quien ya trasladado la intención municipal de aprobar definitivamente el Plan Parcial para el paraje en cuanto haya conformidad de los tribunales.
Rodríguez ha indicado a Europa Press que la norma, que eleva la protección del dominio público marítimo-terrestre a 500 metros, "interfiere" en la competencia de los ayuntamientos para elaborar su planeamiento al tiempo que "ahuyenta" las "posibilidades de generación de empleo y riqueza" a través de inversores urbanísticos.
"Supone más restricciones a la actividad urbanística", ha remarcado el regidor para quien la Junta, "en su política en contra de todo", pretende con el decreto-ley "confrontar" con el Gobierno que preside Mariano Rajoy y con la nueva Ley de Costas. "Ha adoptado la línea más extrema en un época en la que creo que no se lo pide nadie y obedeciendo a presiones sin justificación", ha apuntillado.
Al hilo de esto, Rodríguez ha advertido que con la suspensión en el plazo de dos años de actuaciones en la franja litoral "se ponen más trabas" a los inversores "alejando cualquier posibilidad". "Si alguien se lo está pensando, se lo pensará mucho mas, lo que ahuyenta la generación de empleo y riqueza".
El alcalde nijareño ha abogado, no obstante, por "sentar las bases" para que, de cara al futuro, el desarrollo "urbanístico" se haga "de manera más ordenada" aunque ha matizado que, a su juicio, "esta no es la vía".
Con respecto a la incidencia del decreto-ley en el planeamiento de Níjar, ha precisado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está en proceso de adaptación a la LOUA aunque sólo afectaría a La Fabriquilla, suelo calificado como urbanizable en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 1997 y cuya ejecución está actualmente pendiente de sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que el Supremo reiterara el derecho a urbanizar de sus 15 propietarios.
"Entendemos que está más o menos claro de acuerdo a la última sentencia y que esta nueva normativa no lo va desvirtuar a la espera de que se pronuncie el TSJA", ha asegurado Rodríguez, quien ya trasladado la intención municipal de aprobar definitivamente el Plan Parcial para el paraje en cuanto haya conformidad de los tribunales.
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