Casi 35.000 personas protestan en Sevilla contra los recortes
a la Ley de Dependencia
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Unas 35.000 personas de toda Andalucía
se manifestaron ayer, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por
el centro de Sevilla para protestar contra la grave" situación que está
viviendo el colectivo como resultado de la coyuntura económica y la política de
austeridad aplicada por las administraciones públicas. La marcha ¡se celebró
bajo el lema 3 D: ¡No hay nada que celebrar! Feaps Andalucía en lucha por
los derechos de las personas con Discapacidad.
El presidente de la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps-A), Juan Manuel Carrasco, explicó que el objetivo de la manifestación era reivindicar los derechos de las personas con discapacidad intelectual, además de "denunciar la grave situación" a la que abocan a estas personas "con tantos recortes". A este colectivo "le afectan especialmente más estas medidas porque si una persona se queda en paro, ellos están más parados todavía", lamentó Carrasco. La protesta puso el énfasis en los "impagos" de la Junta y los recortes "que tienen previsto aplicar" a la Ley de Dependencia.
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía), en un acto celebrado en el Parlamento, trasladó al vicepresidente de la Cámara, Ignacio García, un manifiesto en el que se subraya que los avances en el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad "son logros irrenunciables que deben ser mantenidos a toda costa". El documento señala que los afectados "sufren un agravio económico estructural consistente en que para ellos la adquisición de bienes, productos y servicios se encarece hasta un 40%" por lo que, continúa, se solicita "su activación dentro del mercado laboral".
Además, Cermi calificó de "especialmente alarmante" en Andalucía "los atrasos en los pagos que se prestan por delegación de la administración" por lo que, desde el colectivo, se reclama "la habilitación inmediata de un mecanismo extraordinario de abono de impagos" a través de la creación de un fondo para abonar las deudas pendientes por parte de las administraciones territoriales.
Lejos de la autocrítica, la Junta sacó ayer su batería de datos: más de 67.300 personas con discapacidad en Andalucía se benefician de las medidas de apoyo fiscal, lo que se traduce en un ahorro de 11,8 millones de euros para este colectivo, según datos facilitados por la Consejería de Salud y Bienestar Social, unas medidas a las que, en breve, apuntan, se añadirán "nuevos beneficios en relación a los impuestos sobre la renta", entre otros. El departamento de María Jesús Montero mostró "el temor por cómo la crisis y las medidas del Gobierno Central para paliarla pueden poner en jaque muchos logros y derechos conquistados hasta este momento".
Además de las medidas fiscales, entre 2011 y 2012, la Junta ha concedido ayudas complementarias a las personas de este colectivo que perciben pensiones de naturales no contributiva por cerca de 37 millones de euros (16,6 millones para más de 56.000 personas en 2011 y 20,2 millones de euros para casi 67.000 afectados).
En una fecha dada a la reinvidicación más que a la celebración, el Gobierno de Rajoy anunció que unificará toda la normativa sobre discapacidad en una ley "porque le legislación actual es insuficiente para satisfacer la plena integración de todas las personas con discapacidad", según Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de Servicios Sociales.
El presidente de la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps-A), Juan Manuel Carrasco, explicó que el objetivo de la manifestación era reivindicar los derechos de las personas con discapacidad intelectual, además de "denunciar la grave situación" a la que abocan a estas personas "con tantos recortes". A este colectivo "le afectan especialmente más estas medidas porque si una persona se queda en paro, ellos están más parados todavía", lamentó Carrasco. La protesta puso el énfasis en los "impagos" de la Junta y los recortes "que tienen previsto aplicar" a la Ley de Dependencia.
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (Cermi Andalucía), en un acto celebrado en el Parlamento, trasladó al vicepresidente de la Cámara, Ignacio García, un manifiesto en el que se subraya que los avances en el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad "son logros irrenunciables que deben ser mantenidos a toda costa". El documento señala que los afectados "sufren un agravio económico estructural consistente en que para ellos la adquisición de bienes, productos y servicios se encarece hasta un 40%" por lo que, continúa, se solicita "su activación dentro del mercado laboral".
Además, Cermi calificó de "especialmente alarmante" en Andalucía "los atrasos en los pagos que se prestan por delegación de la administración" por lo que, desde el colectivo, se reclama "la habilitación inmediata de un mecanismo extraordinario de abono de impagos" a través de la creación de un fondo para abonar las deudas pendientes por parte de las administraciones territoriales.
Lejos de la autocrítica, la Junta sacó ayer su batería de datos: más de 67.300 personas con discapacidad en Andalucía se benefician de las medidas de apoyo fiscal, lo que se traduce en un ahorro de 11,8 millones de euros para este colectivo, según datos facilitados por la Consejería de Salud y Bienestar Social, unas medidas a las que, en breve, apuntan, se añadirán "nuevos beneficios en relación a los impuestos sobre la renta", entre otros. El departamento de María Jesús Montero mostró "el temor por cómo la crisis y las medidas del Gobierno Central para paliarla pueden poner en jaque muchos logros y derechos conquistados hasta este momento".
Además de las medidas fiscales, entre 2011 y 2012, la Junta ha concedido ayudas complementarias a las personas de este colectivo que perciben pensiones de naturales no contributiva por cerca de 37 millones de euros (16,6 millones para más de 56.000 personas en 2011 y 20,2 millones de euros para casi 67.000 afectados).
En una fecha dada a la reinvidicación más que a la celebración, el Gobierno de Rajoy anunció que unificará toda la normativa sobre discapacidad en una ley "porque le legislación actual es insuficiente para satisfacer la plena integración de todas las personas con discapacidad", según Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de Servicios Sociales.
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