LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-El
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería ha ordenado abrir la fase de
liquidación del Grupo Uribe, propietaria de la cadena de supermercados Super
Olé, después de la propia empresa solicitara el cierre de la fase común del
concurso y solicitara, como base de su plan de liquidación, la venta de los
supermercados propiedad del grupo empresarial, la resolución de todos los
contratos de trabajo y tratar de obtener la cancelación de créditos con
garantías reales mediante la dación en pago.
Según dicta el auto del juez Juan Antonio Lozano, la sociedad Supermercados Super Olé se ha dado por disuelta al igual que se han rescindido todos los contratos que quedaban con los trabajadores de los distintos centros de trabajo de Almería, Granada y Murcia, que llegaron a albergar a unos 360 empleados.
La decisión de solicitar la liquidación de la empresa llegó después de que la Audiencia Nacional aceptara la demanda de nulidad sobre el despido colectivo que afectó a 149 empleados del Grupo Uribe al considerar acreditado que se produjeron actuaciones "fraudulentas" en el desarrollo de las negociaciones con los trabajadores, se "incumplió" el procedimiento y se ejercieron "presiones inadmisibles"; una decisión que también influyó en el resto de sociedades, unas seis en total, que previamente habían quedado integradas bajo un mismo procedimiento concursal.
Si bien la sociedad interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre dicha resolución, la sentencia obligaba a la sociedad a readmitir a los trabajadores que lo solicitaran, lo que por otra parte suponía el devengo de todos los salarios desde la fecha de comunicación de los despidos en abril de 2012 hasta el 1 de septiembre.
Según dicta el auto del juez Juan Antonio Lozano, la sociedad Supermercados Super Olé se ha dado por disuelta al igual que se han rescindido todos los contratos que quedaban con los trabajadores de los distintos centros de trabajo de Almería, Granada y Murcia, que llegaron a albergar a unos 360 empleados.
La decisión de solicitar la liquidación de la empresa llegó después de que la Audiencia Nacional aceptara la demanda de nulidad sobre el despido colectivo que afectó a 149 empleados del Grupo Uribe al considerar acreditado que se produjeron actuaciones "fraudulentas" en el desarrollo de las negociaciones con los trabajadores, se "incumplió" el procedimiento y se ejercieron "presiones inadmisibles"; una decisión que también influyó en el resto de sociedades, unas seis en total, que previamente habían quedado integradas bajo un mismo procedimiento concursal.
Si bien la sociedad interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre dicha resolución, la sentencia obligaba a la sociedad a readmitir a los trabajadores que lo solicitaran, lo que por otra parte suponía el devengo de todos los salarios desde la fecha de comunicación de los despidos en abril de 2012 hasta el 1 de septiembre.
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