Los eurodiputados consolidan el
“greening” como elemento legitimador de la PAC, imponiendo mayores costes de
producción a los agricultores europeos
LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-ASAJA considera que las enmiendas aprobadas
ayer en la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural del Parlamento Europeo (COMAGRI), si bien es cierto que no
empeoran las propuestas de la Comisión Europea, ya de por si muy negativas para
los agricultores y ganaderos europeos en general y españoles en particular, y
que incluso introducen mejoras y flexibilidad en varias de las propuestas,
siguen manteniendo una filosofía “continuista” con los principios defendidos
por el comisario Ciolos en sus propuestas y, por tanto, sus incongruencia
respeto a la realidad y necesidades del sector agropecuario europeo.
En
opinión de ASAJA, la COMAGRI ha aceptado las líneas básicas de las propuestas
del Comisario Ciolos, muchas de ellas alejadas del principio de orientación al
mercado y fomento de la producción, y otras que imponen mayores costes de
producción o complejidad burocrática y administrativa y que son incluso
contrarias a principios como el de legitimación de los pagos directos, si bien
introduce enmiendas que flexibilizan, dar mayor margen de maniobra a los
Estados Miembros, o “dulcifican” los limites, montantes o topes, para que
aparezcan más fáciles de asumir por parte de los agricultores y ganaderos.
La
ganadería es la gran abandonada en esta Reforma, donde la Comisión no pone en
sus propuestas ninguna medida que vaya a favor del mantenimiento y fomento de
la actividad ganadera, dejando que sea el régimen voluntario de pago asociado
el que aporte una solución, a todas luces insuficiente, al sector. Las
enmiendas del PE proponen aumentar los fondos destinados a este capítulo, si
bien hay que recordar que esto se hace deduciendo este montante del Pago Base,
lo que es digno de reconocimiento, pero no hace una verdadera propuesta en
defensa del sector ganadero.
No
entendemos que la Comisión pretenda en sus propuestas “legitimar” la PAC,
mientras que por otro lado exime a los beneficiarios de menos de 5.000 euros de
la posibilidad de verse excluidos de
dichos pagos si incumplen los requisitos que se exigen a los agricultores
profesionales. De igual manera, excluye incomprensiblemente a los pequeños
beneficiarios (de menos de 1.500 €) de realizar prácticas beneficiosas para el
clima y el medioambiente.
Por
otra parte, y a pesar de que los diputados introducen aportaciones que suavizan
los requisitos del llamado “greening o pago verde”, mantienen, no solo el
principio, que pone en cuestión las practicas beneficiosas que el agricultor y
ganadero realiza ya en materia ambiental, sino el elevadísimo porcentaje que
esta medida supone en los ingresos del productor (30% del sobre nacional), su
carácter obligatorio y penalizador, así como la “tasa plana en este tipo de
pago”, sin hacer diferencia individualizada según el tipo de producción que se
realice.
De
igual manera, mientras que lo que se debe pretender es mejorar la productividad
de las explotaciones agrarias, tanto la Comisión Europea, como la COMAGRI del
PE favorecen de forma clara y evidente la partición y división de las
explotaciones.
En
materia de desarrollo rural, las enmiendas de la Comisión de Agricultura del PE
mejoran algunos aspectos de la propuesta de Ciolos, especialmente en materia de
inversiones en regadíos, eliminando algunos criterios que imposibilitarían a
los empresarios agrarios españoles acceder estas mejoras en sus estructuras
productivas. Sin embargo, echamos de menos que no se de una orientación al
Consejo en materia de mejora de los niveles de cofinanciación en las regiones
que pasaran a considerarse “de transición”, que las inversiones contemplen la
adquisición de tierra o que la transferencia entre pilares sea equivalente en
ambos sentido, es decir que el paso de fondos de medidas del segundo pilar hacia
los pagos directos sea igual al trasvase en sentido contrario, para adaptarse
mejor a la realidad y necesidades de cada EE.MM.
En
materia de regulación de mercados, aplaudimos la continuidad de las medidas de
gestión en el sector del vino y el régimen de cuotas para la remolacha. Por el
contrario, lamentamos que las propuestas del ponente en materia de extensión
del régimen de cuotas lecheras no hayan sido adoptadas y esperamos que las
medidas de gestión que se implementen puedan poner orden en este sector.
La
puesta al día de los precios de referencia, esenciales a la hora de
desencadenar medidas públicas y privadas de gestión de la oferta, era una
necesidad palmaria que venía demandando el sector. No así las propuestas de
Dantín en materia de Organizaciones de Productores, donde estimamos que la
Comisión había detectado los errores del pasado y suavizado las condiciones de
pertenencia, para que fueran realmente voluntarias y no obligatorias. Esto no
lo ha entendido el PE, que apuesta por reforzar las funciones de unas
Organizaciones de Productores que, al menos en España, no han redundado en
beneficio de las condiciones de venta de los productos por parte de los
agricultores y ganaderos, objetivo esencial de estas Organizaciones.
ASAJA
continuará realizando propuestas constructivas para que, tanto en la votación
que tendrá lugar en el pleno del Parlamento Europeo a mediados del mes de
marzo, como en el proceso de negociación entre Consejo, Comisión y Parlamento
para llegar a un acuerdo final, las propuestas puedan ser reconducidas y poder
ofrecer a los agricultores y ganaderos una PAC que garantice estabilidad,
rentabilidad, sostenibilidad, relevo generacional y perspectiva de futuro.
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