La empresa del imputado Ambrosio Cuevas dejará de prestar servicios este mes
Daniella Montenegro.-LAEDICION.NET.-El Ayuntamiento de Níjar dejará de contar el próximo mes con los servicios que le venía prestando una de las empresas investigadas en la Operación Poniente, Clabert Gestión SL, cuyo propietario es el imputado Ambrosio Cuevas, al que la juez instructora de la trama ejidense declaró en libertad bajo fianza de 100.000 euros y sigue a la espera de juicio. El consistorio nijareño, con su alcalde Antonio Jesús Rodríguez a la cabeza, no quiere romper su único vínculo de ahora en adelante con la empresa que le ha venido desarrollando los trabajos de gestión catastral con un canon anterior de 360.000 euros anuales desde que fuera contratada hace ya dos legislaturas con el anterior alcalde de los socialistas, Joaquín García. En junio de 2005 la empresa dedicada a servicios especializados (asistencia técnica y apoyo a las administraciones locales y estatales, mantenimiento de las bases de datos, actualización del padrón municipal de habitantes, gestión tributaria...) se presentó a la concesión de la gestión catastral del Ayuntamiento de Níjar previo pago de una fianza por participar en la licitación de 3.200 euros que fue aprobada en pleno. Desde ese momento ha mantenido una relación permanente y satisfactoria en lo laboral que se cortará por lo sano cuando el consistorio decida llevar a cabo el próximo mes la rescisión del contrato. Clabert Gestión cuenta con un servicio central en madrid y tres oficinas en la capital almeriense, El Ejido y Níjar, según recoge la web de la empresa. Al menos dos podrán continuar desempeñando sus funciones porque la de Níjar, una vez suprimido el acuerdo con el Ayuntamiento perderá su utilidad. El alcalde nijareño tratará de ahorrarse el contrato casi en su totalidad, aunque puedan seguir alguno de los ocho trabajadores que tiene en San Isidro, dentro del conjunto de políticas de austeridad que viene llevando a cabo por su delicada situación financiera. Fuentes municipales achacan la rescisión del contrato a los posibles vínculos de la empresa con la Operación Poniente, pero evitar los pagos a una empresa externa ha sido determinante.
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