domingo, 25 de diciembre de 2011
El alcalde de Manises le dice al juez que tiene "un solo décimo" premiado
• Enrique Crespo está imputado por supuestos delitos de estafa y malversación de fondos públicos y el juez quiere averiguar su patrimonio.
• El también vicepresidente de la Diputación de Valencia dijo a los medios de comunicación que tenía varios décimos del segundo premio de la Lotería.
• Crespo fue presidente de Emarsa, antigua depuradora de Pinedo (Valencia); el juez investiga un agujero que podría alcanzar los 40 millones de euros.
DANIELLA MONTENEGRO,-LAEDICION.NET.-Crespo fue requerido este jueves por el juez a comunicarle antes de las 14.00 horas de este viernes si es cierto que le tocó la lotería, según la providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El requerimiento del juez se produjo después de que el imputado afirmara en declaraciones a los periodistas que tenía varios décimos del número premiado y que llevaba más lotería que el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, al que le habían tocado 625.000 euros, aunque no precisó cuánto.
Tras comunicar el alcalde que tiene un décimo, el juez le ha vuelto a requerir que comunique antes de las 22.00 horas de este viernes "si además es poseedor de participaciones" de otros décimos del mismo número y que, en caso afirmativo, indique cuántas y el importe de las mismas.
Asimismo, el magistrado le ha pedido que informe si ha depositado las participaciones en alguna entidad financiera para que, si lo ha hecho, informe al juzgado de la entidad bancaria y el número de cuenta.
Fuentes cercanas a Enrique Crespo han recalcado la voluntad del vicepresidente provincial de "colaborar con la Justicia", pero han explicado que no se va a facilitar información acerca de los requerimientos del juez.
Crespo, expresidente de Emarsa, está imputado desde el pasado mes de octubre en la causa que investiga supuestos delitos de estafa y malversación de fondos públicos en la antigua depuradora de Pinedo (Valencia), en la que hay 18 imputados y se investiga un agujero económico que podría alcanzar los 40 millones de euros.
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