Denuncias por enganches ilegales en la barriada roquetera de Cortijos de Marín •

Han llegado a la Policía Local, el equipo de gobierno municipal y los partidos políticos de la oposición, denuncias del malestar existente entre vecinos y propietarios de viviendas por la aparición de problemas de convivencia en el barrio, colindante con La Mojonera. LAEDICION.NET.-:/ Redacción Twitter @LaEdicin.-El debate incluso llegó al Pleno municipal y ha sido abordado en la junta local de Seguridad debido a los conflictos que se están creando. Se han recibido quejas de propietarios por la aparición de inquilinos que realizan enganches ilegales de suministro como el eléctrico, habiendo mostrado su preocupación a las autoridades municipales por esta situación. Incluso se ha barajado que un edificio entero realizara estas prácticas ilegales. En el último Pleno del ayuntamiento también se analizaba la situación al preguntar por ella el portavoz de Izquierda Unida, Ricardo Fernández, “expresando el malestar grande existente en Cortijos de Marín por problemas de seguridad y convivencia. Preguntamos qué medidas toma el equipo de gobierno y cómo se hace la selección de viviendas protegidas de la calle Comunidad Extremeña y cómo se reparten las viviendas”, manifestaba en la sesión el que fuera candidato a la alcaldía en las últimas elecciones municipales. El alcalde niega la llegada masiva de familias al barrio. El alcalde Gabriel Amat le respondía que “sabemos con exactitud lo que pasa y se están tomando las medidas policiales y judiciales correspondientes, pero no podemos dar más explicaciones en el Pleno por cuestiones de seguridad”, argumentaba el presidente de la corporación local. El ambiente enrarecido por la situación de esta zona de Cortijos de Marín se había incrementado debido al rumor de llegada de un ingente número de familias al barrio para ocupar casas de protección oficial, hasta el punto que Amat se vio obligado a aclarar que “no van a venir 700 familias. Solamente han venido siete y ya hay procedimientos judiciales abiertos para echarles. Las VPO están en régimen de alquiler con opción de compra”. En este sentido el portavoz del grupo socialista, Juan Ortega, incidía en que “hay viviendas prefabricadas mientras se acaban las obras, pero no existe ningún plan de desplazamiento masivo al barrio. Además el principal perjudicado va a ser el promotor porque el edificio se le va a venir abajo con estos problemas”, argumentaba Ortega. Días después de la celebración del Pleno y del anuncio del alcalde de haberse abordado la cuestión en la junta local de Seguridad, la Policía Local seguía recibiendo denuncias de propietarios detallando la situación existente. “No se trata de okupas”, afirmaba un agente, “sino de la preocupación que hay en la comunidad por el rumor, parece que infundado, de llegada de muchas familias, y de la existencia de algún edificio donde los inquilinos han decidido saltarse las leyes a la torera y generalizar los enganches ilegales de suministro y otros” eléctrico. El análisis en el Pleno de esta situación en Cortijos de Marín provocaba que el alcalde se refiera asimismo a la situación en otro polémico barrio, como el de las 200 Viviendas, afirmando Amat que “también se han tomado medidas policiales y judiciales al lado de las 200 Viviendas porque se ha detectado la existencia de vehículos que están cobrando por viajes”.